Política
2026-10-12 20:53:59
La Justicia todavía debe determinar las responsabilidades y establecer, mediante una investigación concluyente, qué ocurrió en el siniestro ferroviario de YCRT. Que existan pericias e indicios preliminares no significa que ya exista una resolución judicial definitiva que identifique a los responsables.
Eso es una falacia. La Justicia todavía debe determinar las responsabilidades y establecer, mediante una investigación concluyente, qué ocurrió en el siniestro ferroviario de YCRT. Que existan pericias e indicios preliminares no significa que ya exista una resolución judicial definitiva que identifique a los responsables.
El Gobierno debe medir sus palabras como representante del pueblo, en lugar de instalar conjeturas e hipótesis como si fueran verdades definitivas. ¿Por qué no presenta públicamente la documentación técnica disponible y explica con claridad qué dicen las pericias, qué se encuentra acreditado y qué aspectos continúan bajo investigación?
Con declaraciones de esta naturaleza se corre el riesgo de instalar en la sociedad la percepción de que estamos rodeados de terroristas en nuestra provincia. Parece Milei, cuando afirmó haber deportado a 30.000 terroristas de la Argentina durante su gestión actual. Si tomáramos esas declaraciones como una descripción comprobada de la realidad, parecería que nuestro país tiene más terroristas que Pakistán, al que se suele asociar internacionalmente con el terrorismo.
El gobernador tiene que dejar de utilizar hipótesis todavía sujetas a investigación para desviar la atención de las responsabilidades de gestión que le corresponden. Y lo más preocupante es que integrantes de su propio entorno salieron a repudiar un supuesto atentado antes de que se conociera una conclusión judicial definitiva. La pregunta es inevitable: ¿sobre qué documentación se apoyaron para presentar públicamente el hecho de esa manera?
Hablemos también de la infraestructura ferroviaria. Estamos hablando de vías cuyo estado de conservación debe ser explicado, de durmientes que, según nuestra observación, llevan décadas sin una renovación integral y de material ferroviario cuya historia de mantenimiento debe documentarse. El ramal conecta Río Turbio con el puerto de Punta Loyola, en Río Gallegos, y constituye una infraestructura estratégica para transportar el carbón producido en la Cuenca Carbonífera.
¿Qué esperaba este Gobierno después de anunciar la recuperación de la actividad económica y del mercado de venta de carbón? ¿Dónde están los informes sobre las inversiones realizadas para poner nuevamente en funcionamiento YCRT? ¿Cuánto dinero invirtió el Estado y cuánto se destinó concretamente a garantizar la seguridad de los trabajadores, el mantenimiento de las vías, las locomotoras y el material rodante?
También corresponde preguntar dónde estuvieron los organismos nacionales de control y las autoridades competentes para fiscalizar las condiciones de seguridad de esta infraestructura. Que YCRT tenga responsabilidades operativas de mantenimiento no elimina la necesidad de establecer qué controles correspondían a cada organismo, qué inspecciones se realizaron y si se detectaron deficiencias antes del siniestro.
Por eso, convocamos a los diputados de Santa Cruz, tanto del oficialismo como de la oposición, a que abandonen las declaraciones circunstanciales y ejerzan sus responsabilidades institucionales. Que soliciten formalmente los informes técnicos, los registros de mantenimiento, las inspecciones de seguridad y las pericias incorporadas a la causa judicial, respetando las restricciones legales que pudieran existir sobre las actuaciones.
Que requieran, además, un informe detallado de las inversiones realizadas en YCRT, de los recursos destinados a la recuperación del ramal ferroviario y de las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores.
No estamos pidiendo que se descarte la hipótesis del sabotaje. Estamos reclamando que se demuestre con pruebas, que se investiguen todas las posibilidades y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Si hubo un delito, debe investigarse y sancionarse a sus responsables. Si hubo negligencia, deficiencias de mantenimiento u omisiones de control, también deben esclarecerse.
Una autoridad pública tiene la obligación de comunicar con responsabilidad, no de convertir una hipótesis en una sentencia ante la opinión pública. Y si se demostrara que un funcionario incurrió en una conducta ilícita, deberán intervenir las autoridades competentes para determinar las responsabilidades que correspondan.
Santa Cruz necesita menos especulación y más documentación, menos acusaciones anticipadas y más controles efectivos.
Porque recuperar una empresa estatal no consiste solamente en poner una locomotora sobre las vías y anunciar que volvió a funcionar. También significa garantizar que los trabajadores puedan cumplir sus tareas con seguridad, que la infraestructura esté en condiciones y que los recursos públicos se administren con transparencia.
EL SABOTAJE, SI EXISTIÓ, DEBE PROBARSE. LAS RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN, TAMBIÉN DEBEN INVESTIGARSE.
