Viviana Carabajal cuestionó el Decreto 608, explicó su choque con la Ley 1782 y advirtió por 27 jubilaciones tratadas sin renuncia previa.
, Viviana Carabajal, explicó en Radio Nuevo Día el conflicto generado a partir del tratamiento de 27 expedientes jubilatorios durante una sesión extraordinaria del directorio y cuestionó el alcance del Decreto 608.
Carabajal relató que fue convocada a una sesión extraordinaria y que, junto al vocal por los activos, Cristián Sánchez, llegó al encuentro pensando que se trataba de una reunión informativa como las que habitualmente se realizan en el directorio.
Sin embargo, según contó, al llegar se encontraron con una situación diferente.
"A diferencia de pensar que era una reunión informativa, como las que tantas veces tenemos en el directorio, era un directorio armado con 27 personas alcanzadas por el decreto 608", explicó.
Ante esa situación, sostuvo que decidió retirarse junto a Sánchez y no acompañar las jubilaciones incluidas en el temario.
"Decidimos retirarnos del directorio y obviamente no acompañar esas jubilaciones", afirmó.
El cuestionamiento de la vocal tiene como eje la relación entre el Decreto 608 y la Ley 1782, que regula el régimen previsional provincial.
Para Carabajal, el problema central es que el Poder Ejecutivo estaría utilizando un decreto para establecer un mecanismo que, según su interpretación, afecta derechos previstos por una ley que debería ser modificada por la Legislatura.
"Si yo tengo una ley en vigencia, no me podés gobernar por decreto. Estoy en un estado democrático", sostuvo durante la entrevista.
Carabajal explicó que la convocatoria extraordinaria del directorio llamó su atención desde el comienzo.
"Fui llamada a una sesión extraordinaria, cosa que nos llama la atención, es parte de nuestro trabajo", señaló.
Según su relato, la expectativa inicial era participar de una reunión informativa. Pero al llegar descubrieron que el temario incluía 27 personas alcanzadas por el Decreto 608.
Ese fue el momento en el que, junto con Sánchez, decidió no participar de la aprobación de esas jubilaciones.
La vocal explicó que su compañero había llevado anteriormente el Decreto 608 a la Justicia y que, si bien la medida cautelar vinculada a aquella presentación había caído, la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto no había quedado resuelta, según su interpretación.
"Cayó la cautelar pero la Justicia no se expidió sobre el tema que planteó mi compañero en su momento, que era inconstitucional, por ir por sobre nuestra ley", afirmó.
Por ese motivo, Carabajal entendió que no correspondía acompañar desde el directorio la aplicación del mecanismo cuestionado.
La discusión que planteó Carabajal puede resumirse en una diferencia sobre los plazos y la forma en que se produce el pase de un trabajador activo a la jubilación.
La vocal hizo referencia específicamente al artículo 136 de la Ley 1782.
Según explicó durante la entrevista, la ley permite que una persona que está en condiciones de jubilarse pueda continuar trabajando bajo determinadas circunstancias.
"Si la ley te está diciendo en su artículo 136 que vos tenés la posibilidad de trabajar a partir del momento de ser notificado, que estás en condiciones de tener, si tu empleador quiere dos años más y si tu empleador no te dice nada nueve años más, como conozco muchos casos", sostuvo.
A partir de esa interpretación, Carabajal contrapuso ese esquema con el que, según ella, establece el Decreto 608.
"Hoy un decreto te está obligando a jubilarte dentro de los 30 días o como mucho 180 días si tu empleador te necesita y pide que tengas 180 días más", afirmó.
Ese es uno de los principales puntos de conflicto que plantea la vocal.
Para Carabajal, el decreto reduce drásticamente el margen de tiempo que tiene una persona que ya reúne los requisitos jubilatorios para continuar en actividad.
Y por eso considera que no se trata simplemente de acelerar un trámite.
"Este decreto nos está quitando el derecho de decidir nuestra calidad de vida", sostuvo.
Durante la entrevista, Carabajal utilizó una expresión para graficar cuál es, según su mirada, el riesgo que observa en la aplicación del Decreto 608.
"No me gusta tu cara, en 30 días pasás a ser jubilado", dijo.
La frase fue utilizada por la vocal como una forma de explicar lo que considera una pérdida de capacidad de decisión de los trabajadores sobre el momento en que dejan la actividad.
Su preocupación, insistió, no está exclusivamente relacionada con las personas que actualmente protagonizan el conflicto público.
"Hoy lo que a mí menos me preocupa son las tres magistradas donde todo el mundo opina y habla", afirmó.
Y explicó inmediatamente cuál es su preocupación principal:
"A mí me preocupa el trabajador común que está dentro de este listado, que ni siquiera está enterado que en 30 días está jubilado".
Uno de los aspectos que Carabajal remarcó varias veces fue que el conflicto no involucra únicamente a las tres vocales del Tribunal Superior de Justicia.
Según su relato, eran 27 expedientes los que llegaron al directorio bajo el alcance del Decreto 608.
La vocal decidió no revelar públicamente la identidad de las otras personas por una cuestión de reserva de datos.
"Yo, por una cuestión de reserva de datos, no los expongo", explicó.
Sin embargo, contó algunos casos que le permitieron dimensionar la situación.
Mencionó, por ejemplo, a una trabajadora vinculada al Sindicato Vial que, según relató, no sabía que estaba incluida en el listado.
"Ayer en una reunión, una de las secretarias del Sindicato Vial se quería morir cuando yo le digo: ellas están en listado", contó.
Según Carabajal, esa persona no tenía intención de jubilarse inmediatamente.
Pero para la vocal, justamente allí está el problema.
"No importa, ellas están en listado", afirmó.
Y agregó:"No podemos nosotros poner hoy (...) los tres casos que hoy llevan a este revuelo. A mí me preocupa que después de esto, viene cualquier hijo de vecino".
Reneé Guadalupe Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, integrantes del Tribunal Superior son el caso que generó mayor repercusión pública dentro de los 27 expedientes.
Durante la entrevista, Carabajal explicó que las magistradas quedaron alcanzadas por el Decreto 608 y que, según lo que se les comunicó en el acuerdo del viernes, comenzarían a correr los plazos previstos por esa norma.
"En la práctica ellas ahora, con el acuerdo que fue justamente el viernes, se les dice que están alcanzadas por el decreto 608 y que tienen los 30 días que se va a ser notificado el empleador, y de ahí ya están jubiladas", explicó.
Ante la repregunta sobre si eso significaba que en aproximadamente un mes dejarían de ser trabajadoras activas, respondió: "En 30 días, en el próximo mes".
Sin embargo, Carabajal agregó que existe una cuestión específica relacionada con la condición de las magistradas.
"Ellas están avaladas por el artículo 128 de la Constitución, donde dice que solo las puede sacar un jury o jubilarse voluntariamente, cosa que no está pasando", sostuvo.
La afirmación forma parte de su interpretación del alcance de las garantías constitucionales que, según planteó, tienen las integrantes del Tribunal Superior.
Por eso, para Carabajal, el caso de las tres magistradas tiene una dimensión institucional diferente a la del resto de los trabajadores.
En este contexto, de acuerdo al presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, los 27 beneficios otorgados recientemente fueron solicitados de manera voluntaria por sus titulares, y aclaró que el organismo se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1782 y el Decreto 608.
A pesar de que las tres vocales del Tribunal Superior son las protagonistas más visibles del conflicto, Carabajal insistió en que no son el centro de su preocupación.
"A mí, más allá de estas tres señoras que obviamente yo también represento y coincido el enojo y malestar que pueden tener, me preocupan las otras personas", sostuvo.
Según explicó, las magistradas tienen herramientas y garantías derivadas de sus cargos para plantear su defensa.
En cambio, sostuvo que un trabajador común puede encontrarse con una situación mucho más complicada.
"A vos no te gustó, vos iniciaste como cualquier persona tu trámite. A tu empleador, ¿no le gusta? Che, ¿cómo está este? No, mirá, ya tiene los años cumplidos, listo, júbilamelo", graficó.
Para la vocal, esa situación podría afectar directamente la posibilidad de que una persona decida cuándo abandonar su actividad.
"Te está quitando el derecho de decidir sobre tu vida, con lo que eso implica pasar de la actividad a un estado de pasividad", sostuvo.
Carabajal explicó que existe, según su descripción, un circuito normal para que una persona pase de la actividad a la jubilación.
"Nosotros cuando llegamos a los directorios, a todos, aún en extraordinario del viernes, se nos pone en la mesa un temario de la gente que hizo su trámite jubilatorio, decidió renunciar, llegó la renuncia", explicó.
Ese sería, según su relato, el procedimiento habitual.
"A partir de ese momento se firma un acuerdo de partes que es entre el directorio y la persona que renunció a su actividad para que el próximo mes pase a ser jubilado", detalló.
La diferencia que encontró en los 27 casos tratados el viernes fue, según sostuvo, que no existía esa renuncia.
"¿Qué fue lo anormal? Y fue, bueno, 27 expedientes de gente que no renunció nunca a su actividad", afirmó.
Y agregó: "Muchos de los casos de ellos (...) no estaban anoticiados de que van a ser jubilados a partir de 30 días más".
Para Carabajal, esa es la diferencia fundamental entre una jubilación tramitada voluntariamente y la aplicación del mecanismo previsto en el Decreto 608.
Para explicar por qué considera que una persona puede reunir las condiciones para jubilarse y, aun así, continuar trabajando, Carabajal contó un caso personal.
"Te voy a dar un caso personal, lo dije el otro día en el directorio y lo voy a seguir repitiendo porque lo conozco muy bien: mi esposo", relató.
Según explicó, su esposo había iniciado una consulta sobre su situación previsional.
"Mi esposo dice: voy a ver cómo está mi situación de aporte. Inicia su trámite jubilatorio, la Caja lo llamaría y le dice: señor, usted está en condiciones de jubilarse", contó.
Luego se produjo la notificación correspondiente.
Pero, según el relato de Carabajal, su esposo continuó trabajando durante años.
"¿Sabés cuánto demoró en jubilarse? Nueve años", afirmó.
La vocal utilizó ese caso como ejemplo de lo que considera una diferencia entre estar en condiciones de jubilarse y decidir efectivamente cuándo dejar la actividad.
"Porque la ley lo permite", sostuvo.
Y a partir de ese ejemplo planteó una discusión institucional más amplia:
"No estoy en un estado de sitio. Estoy en un estado democrático. Si yo tengo una ley en vigencia, no me podés gobernar por decreto".
Carabajal también recordó durante la entrevista una modificación de la legislación previsional que, según su planteo, demuestra cuál es el ámbito institucional para cambiar una norma previsional.
Se refirió a la última oportunidad en que la Ley 1782 fue modificada en el recinto, según su relato.
"La última vez que nuestra querida Ley 1782 entró al recinto, se trató en el recinto, fue en septiembre del año 2023 cuando sobre tabla se derogó el artículo 52, inciso C, que fue el aporte solidario", explicó.
Y agregó: "Ese es el ámbito natural y quienes tienen toda la facultad de modificar la legislatura".
Por eso, su crítica no se limita al contenido del Decreto 608, sino también al instrumento elegido para establecer el mecanismo.
"En este caso no pasó. Entonces yo no avalo que se nos imponga un discurso desde el Ejecutivo para jubilar a la gente", afirmó.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación judicial del Decreto 608.
Carabajal recordó que el vocal por los activos, Cristián Sánchez, había realizado una presentación judicial contra el decreto.
"Mi compañero Cristián en su momento lo había llevado a la Justicia y había estado un tiempo en cautelar", recordó.
Más adelante, al ser consultada específicamente sobre la situación judicial, volvió sobre el tema.
"Esa cautelar se cayó, pero no se definió la cuestión de fondo, que es si el Decreto 608, que es el que se está aplicando, es inconstitucional o no en relación con la Ley 1782", afirmó.
Para Carabajal, esa situación fue determinante a la hora de decidir no acompañar las jubilaciones tratadas en la sesión.
Su razonamiento es que, si todavía existe una discusión judicial sobre la validez constitucional del decreto, el directorio no debería avanzar como si esa controversia ya hubiera sido resuelta.
Durante la conversación, Carabajal también recordó un antecedente ocurrido durante una gestión municipal anterior.
Según relató, durante la conducción de Roberto Giubetich en la Municipalidad se había producido una situación en la que comenzaron a llegar notificaciones compulsivas de jubilación para trabajadores municipales.
"Yo fui, en ese momento, yo ya era paritaria por el SOEM, y obviamente jubilada, y enseguida hice una presentación", recordó.
Según su relato, en aquel momento el municipio buscaba que trabajadores que tenían los requisitos pasaran a jubilarse.
"Listo, che, andá, y si no te jubilás te dejo de pagar el sueldo", resumió.
Carabajal consideró que ese mecanismo también era incorrecto.
"También estaba mal, y también volvió para atrás y quedó sin efecto", afirmó.
La vocal utilizó ese antecedente para señalar que, a su criterio, la utilización de mecanismos compulsivos para producir jubilaciones no es un fenómeno nuevo.
Y relató: "Hoy tuve un trabajador de Cámara que está en ese listado, preguntándome: ¿qué soy yo? ¿Soy activo? ¿Soy pasivo? ¿Cuándo cobro? ¿Dónde me notifican?", contó.
Para Carabajal, esa incertidumbre demuestra el problema que genera el mecanismo.
"No merecemos como trabajadores santacruceños este maltrato de parte de alguien que hoy no gobierna", expresó.
Las tres magistradas habían estado involucradas en un proceso de jury de enjuiciamiento.
La pregunta fue si el fracaso de esa vía legislativa podía haber generado una segunda vía para apartarlas mediante la aplicación del decreto.
Carabajal respondió con una expresión contundente: "Es por la razón o por la fuerza. No pude por un lado y te saco por el otro".
Y volvió inmediatamente a señalar que, para ella, el problema más profundo estaba en lo que pudiera ocurrir después.
"Y vuelvo a decir que no es el caso de ellas tres lo que más me preocupa en este momento. Es lo que se viene atrás", afirmó.
Hacia el final de la entrevista, los le preguntaron específicamente por los vocales designados por el Poder Ejecutivo.
Carabajal confirmó que participaron de la sesión del viernes.
"Sí, obviamente, ellos son tres y tienen la mayoría", respondió.
De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, esa composición del directorio resulta relevante para entender cómo se produjo la aprobación de los expedientes.
Carabajal había explicado previamente que cada integrante representa un sector diferente y que el presidente y los vocales del Ejecutivo forman parte de la estructura de representación del Gobierno.
Al finalizar la entrevista, la posición de Carabajal quedó centrada en un concepto: el derecho del trabajador a decidir sobre su propia transición entre la actividad y la jubilación.
La vocal no negó que existan personas que reúnen los requisitos para jubilarse.
Su cuestionamiento está dirigido al mecanismo mediante el cual, según su interpretación, el Decreto 608 puede acelerar el pase a la pasividad.
"Este decreto nos está quitando el derecho de decidir nuestra calidad de vida", sostuvo.
Y volvió a poner el foco en quienes no son magistrados ni funcionarios de alto rango.
"A mí me preocupa el trabajador común que está dentro de este listado, que ni siquiera está enterado que en 30 días está jubilado", afirmó.
Para Carabajal, el conflicto actual no debería analizarse solamente por lo ocurrido con las tres integrantes del Tribunal Superior.
Los 27 expedientes representan, desde su perspectiva, una discusión mucho más amplia sobre el sistema previsional santacruceño y sobre los límites entre una ley sancionada por la Legislatura y un decreto del Poder Ejecutivo.
"No me gusta tu cara, en 30 días pasás a ser jubilado", volvió a plantear como síntesis de su temor.
Y cerró su razonamiento con una advertencia sobre el futuro del régimen previsional:
"Esta es la punta de un iceberg que se viene muy grande sobre nuestros derechos previsionales".
Viviana Carabajal cuestionó el Decreto 608, explicó su choque con la Ley 1782 y advirtió por 27 jubilaciones tratadas sin renuncia previa.
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